Sobre la función pública

Nuevos conceptos en la gestión pública
Entre lo público y la responsabilidad empresarial.
Propósito
En las últimas dos décadas, el aparato público peruano ha sido sometido a fuertes variaciones en el contexto de la influencia neoliberal de la economía, y que en la práctica se tradujo en la reducción de su tamaño y en una pretendida redefinición de su papel de conductor del desarrollo nacional al de promotor del crecimiento. Se le exige eficiencia y eficacia en su nueva y estrecha dimensión, y legitimidad en su actuación.
De por si, esta nueva situación cuestiona los tradicionales modelos de organización pública, cambiados de frondosos organigramas a otros, reducidos pero organigramas al fin. No ha variado la idea de encasillar al personal y medios en rectángulos funcionales.
Pero en una suerte de compensación, también el aparato privado que a la par de haber concentrado riqueza, ha sido sometido a una mayor observación por parte de quienes propugnan un mayor respeto a las personas y al medio ambiente, sometiendo así el también tradicional objetivo de lucro que siempre animó a las empresas privadas.
En este artículo se contrastan estas dos situaciones frente a los alcances de la función pública, cuestionando la premisa de que sólo es responsabilidad del aparato público.
La función pública
Lo público compete a todo el pueblo, a la comunidad. Las tareas que integran la función pública sólo tienen sentido cuando están dirigidas al bien del pueblo, al bien común. El eje de toda esta actuación pública debe ser a beneficio de la comunidad.
¿Qué tiene la comunidad? Un conjunto de activos o patrimonio, según es válido en un Estado. Pero también ejerce el derecho de reconocer la existencia y actuación de una empresa privada. Ninguna de ellas puede operar si la comunidad no le brinda un reconocimiento jurídico. En base a este privilegio, la empresa privada adquiere compromisos con la comunidad, en un campo que se ha llamado de responsabilidad social. Y la responsabilidad es por definición una obligación. La empresa, entendida como una persona colectiva, tiene obligaciones frente a la comunidad.
El nuevo rol privado
Históricamente, el bien común siempre ha estado valorado por encima del bien privado. En el marco del respeto de este último, las tendencias recientes muestran a empresas sometiendo el viejo propósito del lucro, al del bienestar social. Hacia este fin, orientan su actuación bajo principios como: honrar lo legal y lo justo, respetar la cultura y las tradiciones, proporcionar productos limpios, promover la creatividad, crecer junto con la comunidad, respetar el medio ambiente más allá del cumplimiento de las leyes.
Como puede reconocerse, el propósito y los principios son típicamente públicos, que tradicionalmente sólo han sido considerados adscritos a la administración pública.
Compartiendo la función pública
Si bien la tarea pública sigue dirigida y condicionada al bien común, resulta ahora que su ejercicio está asignado tanto al aparato público como al privado. Este reconocimiento conduce a un nuevo estilo de la gestión pública, que figurativamente rechaza el confinamiento rectangular del organigrama clásico, hacia una forma dinámica de organización.
El nuevo organigrama estaría compuesto de rectángulos que aparecen sólo cuando se les necesita. Así por ejemplo, se requiere de una norma sobre Nitrógeno. Se conforma un Comité con los mejores especialistas en la materia. Aparece el rectángulo Comité del Nitrógeno. Los especialistas hacen su trabajo. Desaparece el rectángulo. En el tiempo que sea requerido, el Comité tendrá una oficina virtual: los especialistas se telecomunican y sólo eventualmente se reúnen en forma personal. Por encima de los Comités, un cuerpo colegiado de representantes de instituciones y empresas, facilita la conformación de los mismos.
De esta manera, el cuerpo estable es mínimo, pero con calificaciones y capacidad de convocatoria. Esto último, requiere de autoridad.
Poder y autoridad
El poder es la facultad de alguien para ejecutar algo. Facultad que se adquiere a través de un dispositivo de reconocimiento. La autoridad es el prestigio y crédito que se reconoce a una persona por su calidad y competencia en alguna materia. En la nueva gestión pública, las personas que integran el aparato público, deben tener autoridad antes que poder.